Policía Europea sigue desde 2017 los rastros de la cocaína boliviana

El 15 de febrero se ejecutó un operativo multinacional en Sudamérica. En Bolivia no contó con el apoyo de la policía antidrogas. El Gobierno ahora pide informes a la UE y defiende la “coordinación regional”

Bolivia pasó a la lista de los principales proveedores de cocaína en Europa, incluso desde antes de la pandemia. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) sigue desde 2017 las rutas que emplean los narcotraficantes bolivianos para colocar esa droga en el viejo continente.

Desde entonces, se han ejecutado dos gigantescos operativos con la participación de agentes especiales de 10 países europeos y sudamericanos, además de la DEA de Estados Unidos. El más reciente tuvo lugar el 15 de febrero y no contó con la participación de la fuerza antidroga de Bolivia. El Gobierno ya pidió datos para conocer los detalles de esas dos operaciones que permitieron la captura de unas 90 personas y la confiscación de 12 toneladas de cocaína que fue enviada vía marítima en los últimos cinco años.

“Este es un campanazo para el Gobierno, pero especialmente para el país. Es una señal muy fuerte que nos indica que la Unión Europea comenzará a defenderse de esta amenaza creciente”, señaló Samuel Montaño, especialista en el análisis de temas de seguridad.

Desde su cuartel general en La Haya, la agencia europea divulgó, a inicios de 2019, un primer reporte sobre un operativo en el que participaron 750 policías argentinos, italianos y españoles. Desde entonces, el monitoreo de la droga boliviana, así como de los rastros que deja la actividad en el lavado de dinero fue más intenso.

Esta operación internacional, parecida a la que se ejecutó el pasado 15 de febrero cuando se desmanteló otra red que enviaba droga boliviana a Europa, se produjo el 12 de diciembre de 2018. Hace más de cuatro años.

Entonces, se detuvo a 50 personas de varias nacionalidades. Coordinados por la Europol, los agentes identificaron a “un grupo involucrado en el cultivo, venta y distribución de marihuana en la región de la Costa del Sol en el sur de España, y el tráfico de cocaína a través de contenedores marítimos desde Argentina, Bolivia, Colombia y Perú a Europa”. Los sospechosos estaban enviando dinero desde Italia y España a territorio argentino para que sea “invertido” en el mercado inmobiliario.

Desde el inicio de la investigación europea, en 2017, los sospechosos movieron más de dos toneladas de cocaína, “cuando era transportada desde Bolivia a Argentina, con destino a Europa”.

La operación incluyó allanamientos simultáneos en varios países, así como un “apoyo analítico y forense” por parte de agentes de la Europol. Montaño consideró, que por las características de estas acciones se movilizaron agentes encubiertos en territorio nacional.

Europol reportó que desde septiembre de 2020 las autoridades de Bélgica, Brasil, Italia, Países Bajos y España se incautaron de unas 10 toneladas de cocaína provista por Bolivia. Respecto a la primera investigación de 2017, que duró dos años, el incremento del tráfico de este estupefaciente fue de más de cinco veces, un factor que revela que el ilícito no mermó a pesar de la parálisis económica que se produjo al inicio de la pandemia.

“La resiliencia de los mercados de la droga ha demostrado, una vez más, la capacidad de los traficantes para adaptarse rápidamente a los cambios de contexto y circunstancias”, señala el informe mundial que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó en 2021. El documento también indica que las cadenas de suministro de cocaína a Europa se están diversificando, lo que hace que los precios bajen, la calidad aumente y así “amenaza al continente con una mayor expansión del mercado para esta sustancia”.

Según el detalle de los informes que presentó la Europol a Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea y su Parlamento, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) no participó en los operativos de 2018 y 2022.

El Gobierno boliviano había informado que en 2021 se destruyeron 46 narcopistas, una de ellas en Tarija, cerca de la frontera argentina, y otra que había sido asfaltada en un recóndito paraje amazónico, en tanto que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia (Dijin) señala que existe evidencia de narcovuelos con aviones de “alta gama” que operan desde territorio boliviano.

Esta evidencia coincide con la que expuso la agencia antidroga de la ONU. “Hay envíos cada vez mayores, un incremento en el uso de rutas terrestres y marítimas para el tráfico; mayor uso de aviones privados para el tráfico de drogas, y un aumento de los métodos sin contacto para entregarlas a consumidores finales”, apunta.

La Unodc certificó el pasado año que la Felcn se incautó de 28 toneladas de drogas, distribuidas entre pasta base y clorhidrato de cocaína, además de marihuana. De ese total, siete toneladas corresponden a la cocaína refinada (clorhidrato), en una tendencia creciente porque en 2019 se habían registrado cinco toneladas.

Respecto a las operaciones de Europol, el gobierno del presidente Luis Arce anunció que pedirá un informe detallado a ese organismo y anunció “una investigación interna” por el operativo que se ejecutó el 15 de febrero sin el aporte de fuerzas bolivianas.

El Viceministerio de Defensa Social, que ejecuta la política antidroga del país, indicó que solicitó estos reportes “siguiendo el compromiso responsable en la lucha contra el ilícito”, aunque también anticipó que “la información publicada sobre ese operativo no muestra pruebas objetivas”. En ese marco, destacó las reuniones de coordinación que sostuvo con autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. En un comunicado, también cuestionó que la política de reducción del consumo interno en países de Europa y Estados Unidos no haya disminuido. “Estas políticas deben ser replanteadas en el marco de la responsabilidad compartida”, señala.

Europol informó que el 18 de febrero ejecutó una operación de manera simultánea en Brasil, España y Paraguay, tras dos años de seguimiento en los que participó la DEA, la Policía Federal brasileña y la Secretaría Antidroga de la Presidencia paraguaya. Unas 45 personas fueron detenidas.

Las autoridades descubrieron una infraestructura de producción de cocaína en Bolivia “con líneas logísticas y de suministro en Brasil, Paraguay y Uruguay”. Este negocio era controlado por narcotraficantes brasileños donde opera el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho. La investigación también descubrió que los centros de comando y control de la organización criminal testaban Dubái”. La organización criminal montó allí una red de empresas para el lavado de las ganancias.

Montaño señaló que en las operaciones coordinadas por la Europol, “los agentes de la DEA no participan en la parte operativa”.

“La DEA, hay que decirlo, le ha fallado a Europa. Hay más droga y ellos han decidido asumir acciones y esto tendrá más repercusiones”, remarcó el especialista.

Eduardo Gamarra, politólogo y profesor del departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, expresó su preocupación por estos nuevos datos y anticipó que una de las aristas de la problemática de las drogas se ve en el lavado de dinero. “La importación de vehículos de alta gama es una señal y hace poco vimos un Lamborghini en Chapare. También hay celebraciones más ostentosas en el país”, afirmó.

Después de Colombia y Perú, Bolivia es el tercer productor de coca. A diferencias de los primeros, en el país se puede cultivar hasta 22.000 hectáreas, pero la producción es mayor a ese límite.

DATOS

Recompensa

La DEA ofrece $us 5 millones por información que permita condenar al coronel Maximiliano Dávila detenido en Bolivia.

Operaciones

El Gobierno negó la presencia de la DEA en Bolivia y defiende el modelo nacional antidroga.

Desconfianza

Legisladores de la oposición, como Erwin Bazán (Creemos) la Europol desconfía  del país, por efecto del caso Dávila.

Apoyo

La Unión Europea financia la lucha contra las drogas y planea dar $us 60 MM para cinco años.

Fuente: EL DEBER