Detectan en Santa Cruz y Potosí a 112 vehículos robados en Chile

Una ONG chilena cree que el 90% de los autos sustraídos termina en poder de uniformados bolivianos. El Gobierno admite debilidades y asumirá tres acciones.

Fueron localizados a través de la tecnología GPS en los departamentos de Santa Cruz y Potosí. Al menos 112 vehículos que fueron robados en Chile están en Bolivia, según la base de datos del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV), una organización no gubernamental (ONG) especializada en la recuperación de estos bienes.

El director de la organización, Hugo Bustos, estuvo en Santa Cruz el pasado marzo junto con un equipo periodístico del canal chileno Meganoticias que trabajó en un reportaje divulgado el pasado fin de semana.

Ayer fueron destituidos dos altos jefes de la Policía Boliviana. Uno de ellos fue aprehendido por tener en su poder uno de los motorizados que fue recuperado por GBV, la organización de Bustos.

Pero hay más. El director de la ONG chilena reveló que “hasta un 90%” de los automóviles con reporte documentado de robo “los tienen policías y militares” y otras autoridades, mientras que el resto se queda con los llamados ‘chuteros’, como son conocidos los contrabandistas de vehículos indocumentados que son internados, especialmente, desde La Zona Franca de Iquique (Zofri).

“Los 112 son los vehículos robados, datos que llegan a la organización, pero puede haber más”, señaló. Reveló que se detectaron estos automotores en el departamento de Santa Cruz, además de los poblados de Uncía, en el Norte de Potosí y Soniquera, un caserío que está en el sudoeste de ese departamento, donde no hay referencias de rutas formales a la vista del Google Maps.

Bustos aseguró que apoya en la recuperación de vehículos desde hace ocho años y destacó la cooperación de policías bolivianos.

“Existe muy buen elemento, pero no pueden hacer mucho”, señaló Bustos y lamentó que los altos mandos de la entidad no colaboran porque “se han convertido en parte del problema”.

En el contexto del nuevo escándalo que golpea a la Policía, tres ministros hablaron ayer sobre la lucha contra el contrabando. Uno de ellos fue el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien admitió la debilidad del Gobierno para enfrentar a los llamados ‘chuteros’ y anunció un ajuste en la estrategia nacional para enfrentar el contrabando. Eso sí, demandó la cooperación de sus colegas de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, para investigar y sancionar a los servidores públicos que transgredan la normativa.

“Las denuncias que se han hecho a través de videos y fotografías, se han hecho por la televisión, a nosotros nos obliga a ajustar nuestro plan y nos obliga a ser cada vez más rigurosos y hacer un mayor control”, afirmó Novillo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por sus colegas de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Economía, Marcelo Montenegro.

Montaño anunció sanciones contra los operadores del trasporte que lleven mercadería en sus autobuses y su colega de Economía, Marcelo Montenegro, mostró los datos de la Aduana para enfrentar a ese ilícito.

Pero el problema es mucho mayor. Novillo señaló que en sólo cuatro meses se confiscaron 1.000 vehículos indocumentados o ‘chutos’ y que esa cifra era un logro. No comparó el dato con el año 2021 y no precisó qué cantidad de motorizados estaban con denuncia de robo en Chile, Argentina, Paraguay o Brasil.

“Nuestra obligación es controlar las fronteras. En ese control, cuando advertimos su ingreso, nosotros los decomisamos. Cerca de 1.000 vehículos hemos incautado, pero los contrabandistas se dan modos. Hay nuevos accesos que hemos detectado”, afirmó la autoridad a los periodistas.

Bolivia y Chile comparten casi 900 kilómetros de frontera en una zona árida con un relieve promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En ese sector se incrementó el tránsito de vehículos y mercadería de contrabando, un tema que forma parte de la agenda bilateral. A esto se suman los casos de trata de personas, especialmente de ciudadanos venezolanos, que intentan llegar a Chile a través de Bolivia.

En este escenario, el lunes fueron sentenciados tres militares bolivianos a cuatro años de cárcel en el juzgado de Pozo al Monte, en el Norte de Chile. La pena fue por porte ilegal de armas y fue cambiada por la expulsión. Los uniformados fueron detenidos en territorio del vecino país en septiembre de 2021 en medio de un operativo contra el contrabando.

Novillo reconoció ayer los problemas que enfrenta la lucha contra este ilícito e insistió en los ajustes en la política del sector.