Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Viceministerio de Seguridad Ciudadana acuerdan tres acciones para la protección del ejercicio del trabajo sexual

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y Deportes y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, acordaron esta jornada la efectivización de tres acciones para la protección del ejercicio del trabajo sexual.

“Consideramos importante este acuerdo ya que la falta de ejecución de políticas públicas retrasa el avance en derechos humanos y el compromiso asumido, permite que se garantice el ejercicio del trabajo sexual”, señaló el responsable de la Adjuntoría de Mujeres, Niñez, Adolescencia y Poblaciones, Nehemías Vidal. 

La primera acción trata de la actualización de la Resolución Biministerial N° 0417 del 17 de agosto del año 2000, para la actualización de los lineamientos nacionales en materia de salud, vinculados con el trabajo sexual. 

Como segundo aspecto, se acordó dar continuidad al proceso de elaboración de un protocolo exclusivo para el accionar de la Policía Boliviana en lugares donde se ejerce el trabajo sexual, ya que a falta de este mecanismo se registraron varias denuncias referidas al abuso de autoridad, la vulneración del derecho a la intimidad, y la violencia física y psicológica, entre otras. 

El 2022 se generó un mutuo acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Gobierno, para elaborar parámetros de actuación para la Policía Boliviana que se deben aplicar en el momento de los operativos desarrollados en lugares donde ejerce el trabajo sexual.

Finalmente, como tercera acción, se estableció el apoyo técnico por parte de la Defensoría del Pueblo a las acciones que desarrollen las instituciones estatales en la temática que derechos humanos.

Los acuerdos alcanzados surgen en el marco del cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Informe Defensorial “Criminalización del Trabajo Sexual”.

De la reunión participó el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, la Directora General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Carola Arraya, además de representantes del Ministerio de Salud y Deportes, del Programa Nacional de Enfermedades infectocontagiosas y de servidores públicos dependientes de la institución defensorial.