Alarma en el Chaco tarijeño por aumento de violencia sexual infantil y fallas judiciales

La violencia sexual contra menores continúa siendo una grave problemática en Bolivia, con un crecimiento sostenido en los últimos años. En el Chaco tarijeño, además, esta realidad se ve agravada por fallas en el sistema judicial, generando un clima de indignación y desconfianza en la institucionalidad.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, los casos de agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes aumentaron un 17,1% en el último año. Mientras que en los primeros siete meses de 2024 se contabilizaron 70 denuncias, en el mismo periodo de 2025 ya se registran 82.

La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), María Esther Valencia, reveló que los municipios de Yacuiba y Villa Montes figuran entre los tres primeros del departamento de Tarija con mayor incidencia de violencia sexual infantil en relación a su densidad poblacional. Esta alarmante situación ha encendido las alertas en la región autónoma del Chaco.

Justicia por mano propia: caso en Sanandita

La frustración social alcanzó niveles críticos la semana pasada, cuando pobladores del distrito de Sanandita (Yacuiba) intentaron linchar a un militar acusado de violar a una menor de 14 años. El hecho ocurrió mientras la adolescente se encontraba sola en su hogar, aprovechando la ausencia de sus padres.

El sindicado, un sargento primero identificado con las iniciales F.E.Z., fue entregado a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) tras una protesta encabezada por la familia de la víctima. Aunque el acusado fue enviado a detención preventiva por orden judicial, la indignación ciudadana persiste. Afuera del tribunal se instaló una vigilia con la consigna de exigir justicia y denunciar la repetición de estos delitos en la región.

Prevaricato y denuncias contra jueces

En Villa Montes, otro escándalo encendió el debate público: dos jueces están siendo investigados por presunto prevaricato, luego de que en diferentes procesos cambiaron la tipificación del delito de violación a estupro, beneficiando así a tres acusados.

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, explicó que el estupro contempla penas de entre tres a seis años de cárcel, mientras que la violación conlleva entre 15 y 20 años. Dos de los imputados recibieron condenas mínimas con acceso a medidas sustitutivas, y uno fue absuelto. Ninguno ingresó en prisión.

Este proceso penal fue impulsado por familiares de las víctimas, quienes, junto a la Red Contra la Violencia, denunciaron a los jueces ante el Consejo de la Magistratura. A partir de ese informe institucional, se activó la investigación fiscal que derivó en una imputación formal. La audiencia cautelar, inicialmente prevista para el 25 de julio, fue reprogramada para el 19 de agosto.

La activista Pamela Delgadillo, representante de la Red Contra la Violencia, destacó la importancia del caso: "Es un mensaje claro de que la sociedad civil está poniendo en el banquillo a quienes deberían administrar justicia".

Día Nacional de Solidaridad y prevención

Estos hechos suceden a pocos días del Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales, que se conmemora cada 9 de agosto. La fecha, instaurada por ley, busca sensibilizar a la población sobre la gravedad de estos delitos y promover políticas de prevención y atención integral con énfasis en niños, niñas y adolescentes.

Si bien el Chaco tarijeño presenta condiciones de mayor vulnerabilidad, la violencia sexual infantil es una amenaza en todo el país. Solo entre enero y abril de 2025, el Ministerio Público reportó 722 casos de agresión sexual contra menores en todo el territorio nacional.

El desafío sigue siendo doble: proteger a las víctimas y garantizar que la justicia no revictimice ni encubra a los agresores.

FUENTE: AGENCIAS