Por acuíferos y merma de atribuciones: cívicos se declaran en emergencia por la sentencia del TCP; definirán medidas

El vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, exigió al Gobierno nacional respetar la autonomía departamental de Santa Cruz y al derecho que tiene a legislar, administrar y gobernar en el territorio

El directorio del Comité Cívico de Santa Cruz llevó a cabo este martes una reunión de emergencia en la casa moral de los cruceños, en el que determinaron declararse en estado de emergencia y convocar a una reunión con instituciones cruceñas para definir medidas ante la Sentencia Constitucional 0076/2023 que declara la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental de Santa Cruz número 98, que merma atribuciones al gobierno departamental en temas medioambientales.

Stello Cochamanidis, vicepresidente de la entidad cívica cruceña, leyó las cuatro conclusiones adoptadas en la reunión y dejó en claro que está en riesgo la vida de los habitantes de Santa Cruz, porque, considera, con la sentencia del TCP se violentará las áreas protegidas donde están los reservorios del agua.

“Una vez más el Gobierno nos obliga a buscar las medidas de hecho en defensa de nuestro departamento”, sentenció.

Recordó que la realización de la Asamblea de la Cruceñidad, espacio donde se toman las medidas, está abierta desde la anterior gestión, sin embargo, será el presidente del Comité Cívico, Fernando Larach, quien la convocará para ver los pasos a seguir.

Cochamanidis garantizó que defenderán el derecho de los cruceños a tener agua potable, además, aseguró que de una u otra manera acudirán a instancias internacionales, para ver el conducto a seguir ante esta vulneración.

“Vamos a defender a ultranza el derecho que tenemos todos de tomar agua potable y al derecho a la vida. Es una lucha entre todos, el Gobierno así lo quiso, vamos a pelear por nuestra vida y la de todos”, dijo.

Aquí, las cuatro conclusiones:

1.- Rechazar la sentencia 0076/2023 del TCP por no respetar y atentar contra el medioambiente y las autonomías.

2.- Exigir al Gobierno central que respete la autonomía departamental y al derecho que tiene Santa Cruz de legislar, administrar y gobernar en el territorio del departamento.

3.- Denunciar ante la comunidad internacional la intencionalidad macabra del gobierno central que con esta sentencia declara nulo el régimen jurídico para la conservación, protección, creación y gestión efectiva de las 11 unidades de conservación del patrimonio natural que tienen declaradas en Santa Cruz.

4.- Nos declaramos en estado de emergencia y convocamos a todas las instituciones del departamento, públicas y privadas, a reunirnos en las próximas horas para trabajar en unidad con la sociedad civil en su conjunto para la defensa de nuestras áreas protegidas y derechos vulnerados