Polémica en Yacuiba por intento de reducir las canastas alimentarias para adultos mayores

El Ejecutivo del Gran Chaco, liderado por José Luis Ábrego, propuso reducir de 12 a 6 canastas alimentarias anuales para los adultos mayores de Yacuiba, argumentando una falta de recursos económicos. Esta medida ha generado rechazo por parte de la Asamblea Regional, así como de diversas organizaciones sociales y cívicas que respaldan a este sector vulnerable.

Contexto y reacción de las organizaciones

El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, informó que ya se ha remitido una carta al Ejecutivo exigiendo el cumplimiento de la ley departamental que establece la entrega de una canasta alimentaria mensual para los adultos mayores. “Es un derecho que está en la ley, no puede ser modificado unilateralmente”, declaró.

En respuesta al incumplimiento, grupos de adultos mayores han iniciado una huelga de hambre frente a la Asamblea Regional, aunque Medrano aclaró que la presión debe dirigirse al Ejecutivo, quien es responsable de garantizar el beneficio. Según Medrano, nueve mil adultos mayores dependen de este apoyo en Yacuiba, con cada canasta valuada en 200 bolivianos.

Propuestas para priorizar recursos

Líderes sociales, como el titular de Fejuve Yacuiba, Fernando Rocha, y el presidente de la Asociación de Adultos Mayores del área dispersa, Carlos Ramírez, instaron al Ejecutivo a reducir gastos de funcionamiento innecesarios en lugar de recortar un beneficio vital para los adultos mayores. “El gobierno regional mantiene una estructura de gasto como si aún existieran los recursos de años anteriores, pagando salarios altos mientras descuida prioridades”, señaló Medrano.

Preocupación creciente

La disminución de las canastas alimentarias ocurre en un contexto de necesidades crecientes entre los adultos mayores, muchos de los cuales no tienen otra fuente de ingresos. Organizaciones como la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Yacuiba han sido criticadas por no respaldar de manera activa esta demanda.

La población y las organizaciones cívicas han solicitado al Ejecutivo priorizar la austeridad y reestructurar el presupuesto regional para garantizar los derechos adquiridos de los adultos mayores. El rechazo a la propuesta continúa movilizando a diversos sectores que exigen respeto a la ley vigente y una gestión responsable de los recursos públicos.