La lucha contra el crimen cruza fronteras en América Latina

Colombia, Chile y Ecuador refuerzan el papel de las fuerzas de seguridad frente al narcotráfico y el crimen organizado, en una tendencia que vuelve a poner en debate el uso de estrategias de “mano dura” en América Latina.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa mantiene a las Fuerzas Armadas en el centro de su denominado “conflicto armado interno”; en Chile, José Antonio Kast impulsa una ofensiva contra el crimen organizado, mientras en Colombia se plantea un combate frontal contra los grupos armados y el narcotráfico.

Aunque los tres países parten de realidades y crisis de seguridad diferentes, analistas consultados por Deutsche Welle identifican elementos comunes: mayor protagonismo de las fuerzas de seguridad y un endurecimiento de la respuesta penal.

Una estrategia conocida en la región

Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime, considera que la estrategia no es nueva en América Latina. Lo novedoso, según explica, es que ahora también está siendo impulsada por Washington, después de que Estados Unidos hubiera adoptado anteriormente un enfoque más matizado frente al narcotráfico y el crimen organizado.

El sociólogo e investigador especializado en políticas de drogas Julián Quintero sostiene que los tres países mantienen un modelo prohibicionista basado en la llamada “guerra contra las drogas”. Ninguno plantea la regulación de los mercados y el problema es abordado principalmente desde una lógica penal, policial o militar.

¿Qué tan eficaz es el uso de la fuerza?

La eficacia de una respuesta centrada en la fuerza genera dudas entre los especialistas. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, sostiene que el crimen organizado se combate fortaleciendo la administración de justicia.

Según Goebertus, una estrategia efectiva requiere reforzar las capacidades de investigación y atacar estructuras como el lavado de activos, las redes de corrupción, el tráfico de armas y el reclutamiento.

McDermott también cuestiona una respuesta basada principalmente en la fuerza y advierte que la militarización, por sí sola, no ha demostrado ser eficaz contra el crimen organizado, debido a la capacidad de adaptación de estas estructuras.

Renata Segura, directora del Programa para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, advierte que “decapitar” a los grupos armados y criminales puede fragmentarlos y desencadenar disputas por el control territorial, con el riesgo de provocar un repunte de la violencia.

¿Hacia una estrategia regional?

Los expertos también difieren sobre si las coincidencias entre Colombia, Chile y Ecuador representan el inicio de una estrategia regional.

Goebertus considera que, por el momento, existen principalmente anuncios políticos y no estrategias conjuntas. Quintero, en cambio, anticipa una mayor coordinación debido a la afinidad política entre los gobiernos y señala que Estados Unidos podría tener un papel importante en ese proceso.

La necesidad de una respuesta integral

La naturaleza transnacional del crimen organizado plantea la necesidad de cooperación más allá de las fronteras nacionales. McDermott señala que estas organizaciones aprovechan las brechas existentes entre países, instituciones y jurisdicciones.

El especialista considera que los mayores avances se producen cuando se combina la presión de las fuerzas de seguridad con el fortalecimiento de la justicia, la lucha contra la corrupción y medidas económicas y sociales.

Quintero pone especial énfasis en las estructuras financieras del crimen. Mientras las acciones policiales pueden concentrarse en quienes cultivan, transportan o venden drogas, las redes de lavado pueden continuar operando mediante el sistema financiero, el mercado inmobiliario y actividades comerciales legales.

Seguridad y derechos humanos

McDermott advierte que una política basada en la fuerza que ignore los derechos humanos y debilite los mecanismos de control democrático puede generar ganancias inmediatas en seguridad, pero también producir a largo plazo mayor corrupción y menor respaldo de la sociedad civil.

Quintero considera que las promesas de soluciones rápidas pueden resultar especialmente atractivas para sociedades afectadas por la violencia, la inseguridad y la corrupción, aunque el crimen organizado constituye un fenómeno mucho más complejo.

El debate abierto en Colombia, Chile y Ecuador muestra así una tensión entre el endurecimiento de las respuestas de seguridad y la necesidad de fortalecer la justicia, la cooperación internacional, la lucha contra las finanzas criminales y las garantías democráticas.