Cívicos exigen ejecutar aprehensión contra Evo Morales y plantean ley de resarcimiento económico

Cochamanidis lee las resoluciones aprobadas durante el encuentro nacional.

El Movimiento Cívico Nacional concluyó este jueves su reunión anual en Santa Cruz con una resolución centrada en la crisis política y social que atraviesa Bolivia tras más de cuatro semanas de bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país.

Entre las principales determinaciones, los representantes cívicos plantearon la elaboración de una ley de resarcimiento económico para que las personas y sectores que impulsen bloqueos asuman responsabilidad por las pérdidas ocasionadas durante las medidas de presión.

Asimismo, exigieron al Ministerio Público, a la Policía Boliviana y al Ministerio de Gobierno ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien responsabilizan de promover movilizaciones que buscan desestabilizar el país y exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los cívicos también reiteraron su demanda de garantizar la libre transitabilidad, restablecer el orden público y preservar la democracia frente a la conflictividad que afecta a diferentes departamentos.

El encargado de dar lectura a las resoluciones fue el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anfitrión del encuentro realizado en la capital cruceña.

“Exigimos la creación de una ley de resarcimiento económico que obligue a los responsables de bloqueos a reparar los daños provocados al aparato productivo, a la propiedad privada y a la infraestructura de nuestros departamentos”, manifestó Cochamanidis durante el pronunciamiento.

En otro de los puntos aprobados, el movimiento cívico pidió al Gobierno ejercer autoridad para restaurar el orden en el país y garantizar la estabilidad, la protección de la vida y los derechos fundamentales.

“Exigimos la aplicación inmediata del Estado de Excepción sectorizado ante la amenaza latente de un golpe de Estado y el agravamiento de la crisis económica. El Gobierno deberá utilizar todos los recursos legales vigentes para frenar a los grupos sediciosos y terroristas”, señaló el dirigente.

Además, solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una Ley Antibloqueos que tipifique los cortes de ruta como un delito contra la seguridad nacional.

 

El pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión política y económica, mientras continúan los bloqueos en carreteras y las protestas que afectan el abastecimiento y las actividades productivas en distintas regiones del país.