Cuando la ley protege privilegios: el debate pendiente sobre el bono de frontera y la ética con el terrible caso de Yacuiba

La decisión de más de una veintena de exconcejales de Yacuiba de demandar el pago retroactivo del bono de frontera, reclamando montos que oscilan entre los 100.000 y casi medio millón de bolivianos por persona, trasciende el ámbito jurídico. Aunque el reclamo pueda encontrar respaldo en una norma vigente, plantea una pregunta mucho más importante: ¿todo aquello que es legal resulta también legítimo y éticamente defendible?

El cuestionamiento formulado por el exdirigente campesino René Rollano pone sobre la mesa una discusión que durante años el país ha evitado. Bolivia mantiene en vigencia normas diseñadas hace más de cuarenta años para responder a condiciones completamente distintas a las actuales. El bono de frontera nació cuando las poblaciones fronterizas carecían de infraestructura, servicios básicos, comunicaciones e incluso profesionales dispuestos a desempeñar funciones públicas en regiones alejadas.

Hoy la realidad es diferente. Municipios como Yacuiba cuentan con mejores condiciones de conectividad, infraestructura institucional y servicios públicos. Las autoridades ejercen funciones con salarios elevados, equipos técnicos y condiciones laborales que difícilmente pueden compararse con las existentes cuando se creó ese incentivo.

Una crisis que obliga a redefinir prioridades

El problema adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto financiero del municipio.

Mientras exautoridades reclaman importantes sumas de dinero amparándose en una legislación heredada de otra época, el Gobierno Municipal enfrenta limitaciones presupuestarias que repercuten directamente en la población. Existen dificultades para sostener servicios esenciales, restricciones en el transporte escolar, problemas con el desayuno escolar y menores recursos para salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.

En comunidades como El Palmar, por ejemplo, padres de familia deben asumir de su propio bolsillo el transporte de sus hijos para recorrer varios kilómetros hasta sus unidades educativas. Esa realidad contrasta con las millonarias pretensiones económicas de quienes alguna vez administraron recursos públicos.

La comparación resulta inevitable y genera una creciente indignación ciudadana.

Cuando el interés particular se impone al interés colectivo

Toda autoridad tiene derecho a reclamar aquello que considere legalmente correspondiente. Sin embargo, quienes ejercieron cargos públicos también tienen una responsabilidad ética con la sociedad que representaron.

Resulta difícil explicar a una población que enfrenta restricciones económicas que antiguos servidores públicos prioricen demandas personales de cientos de miles de bolivianos utilizando una norma cuya finalidad original prácticamente ha desaparecido.

El mensaje que recibe la ciudadanía es preocupante: ante la posibilidad de obtener un beneficio económico, el interés particular parece imponerse sobre el interés colectivo, incluso cuando ello implica comprometer recursos que podrían destinarse a atender necesidades urgentes de la población.

La función pública no debería convertirse en un mecanismo para maximizar beneficios personales aprovechando vacíos legales o normas que el tiempo volvió incompatibles con la realidad económica del Estado.

El verdadero responsable también está en el Legislativo

No toda la responsabilidad recae en quienes presentan las demandas.

Existe también una evidente omisión del órgano legislativo nacional, que durante décadas ha permitido la permanencia de disposiciones cuyo impacto financiero hoy resulta desproporcionado para muchos gobiernos municipales, departamentales e incluso entidades nacionales.

Las leyes no son inmutables. Se crean para responder a determinadas circunstancias y deben modificarse cuando esas circunstancias cambian. Mantener normas obsoletas únicamente porque continúan vigentes termina generando distorsiones que afectan el interés público.

El bono de frontera merece una revisión seria, técnica y responsable. No para desconocer derechos adquiridos, sino para adecuar la legislación a las condiciones actuales del país y garantizar que los incentivos respondan a necesidades reales y no se conviertan en mecanismos de privilegio.

Un debate nacional sobre los privilegios del poder

El caso de Yacuiba probablemente sea apenas la expresión más visible de un problema mucho mayor.

Bolivia mantiene numerosos beneficios, bonos e incentivos creados décadas atrás que nunca fueron evaluados respecto a su pertinencia, eficacia o sostenibilidad financiera. Mientras los ingresos públicos disminuyen y las demandas sociales aumentan, continúa creciendo la presión de obligaciones legales que responden a contextos históricos superados.

La discusión ya no debería limitarse al bono de frontera. El verdadero desafío consiste en revisar integralmente aquellas normas que, lejos de fortalecer el servicio público, terminan consolidando privilegios incompatibles con una administración moderna, eficiente y responsable.

Porque cuando una ley deja de servir al interés general y comienza a proteger beneficios particulares, el problema deja de ser únicamente jurídico: se convierte en un problema de ética pública, de responsabilidad política y de respeto por los recursos de toda la sociedad.