Cívicos cruceños denuncian irregularidades en el proceso contra miembros de plataformas ciudadanas

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, denunció este lunes irregularidades en el proceso que abrió de oficio el Ministerio Público, en contra de una treintena de personas de plataformas ciudadanas que fueron aprehendidas en Sucre, donde arribaron para pedir la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa.

"No estamos conformes en cómo se ha llevado adelante el proceso en contra de las personas de plataformas ciudadanas que fueron aprehendidas en La Recoleta (el viernes), las cuales fueron dañadas y tratadas en forma cruel e inhumana, y no vamos a descansar ni nos vamos a ir de aquí (de Sucre) hasta que veamos una luz para tener una justicia diferente para los bolivianos", dijo Calvo a los periodistas.

Por su parte, el abogado del Comité Pro Santa Cruz, Jorge Valda, explicó que el proceso en contra de las plataformas tiene varias incongruencias.

Dijo que el fiscal que participó en la aprehensión, Henry Daher, afirmó ante los medios de comunicación que la Policía acudió al lugar ante la denuncia de vecinos, pero en el informe que recibió el Ministerio Público, los efectivos señalan que funcionarios de la UTOP hacían una ronda de rutina en inmediaciones de La Recoleta.

Para el supuesto patrullaje de rutina, la Policía llegó en una caravana de tres camionetas "como si supiera lo que iba a hacer", refirió el abogado.

Otra irregularidad es la declaración parcializada por parte del fiscal Rosas, en contra de los miembros de las plataformas ciudadanas, acusándolos desde un principio de ser un grupo irregular, que llegó a causar desorden y desestabilizar el Ministerio Público.

El abogado reveló que no se les practicó una prueba de alcoholemia, a pesar de que los imputados exigieron que se haga la misma, afirmando que no habían bebido y que su bus recién llegó a Sucre.

Al final, solo cuatro de los más de treinta detenidos recibieron detención preventiva domiciliaria, por atentar contra la salud pública, tras dar, supuestamente, positivo a la prueba de COVID-19.

Sin embargo, Valda informó que esas mismas personas dieron negativo en las pruebas de laboratorio PCR, hecho que no fue considerado por el juez.

Dijo que esperarán la apelación y no descartan un proceso contra el juez de medidas cautelares por no haber hecho prevalecer las garantías constitucionales de los imputados.

"La audiencia duró más de 10 horas y nos sentimos indignados y hastiados del manejo sistemático con el que se está moviendo la justicia", concluyó Valda.