El nuevo modelo 50/50: Hay una ruta legal, pero aún no mueve recursos a regiones

El acuerdo firmado el 5 de agosto entre el Gobierno y los nueve gobernadores para avanzar hacia una distribución 50/50 de los recursos fiscales abre una nueva etapa para las autonomías, aunque todavía no implica una transferencia efectiva de mayores recursos a las regiones.

El documento establece plazos, mesas técnicas y compromisos orientados a modificar el actual esquema de distribución de recursos entre el nivel central y las entidades territoriales.

Para el analista político Vladimir Peña, la principal fortaleza del acuerdo es que existe una ruta con fechas concretas y participación directa de los nueve gobernadores.

“Es lo primero que hemos tenido en 17 años con esa forma: los nueve gobernadores y el Presidente firmando en la misma mesa”, afirmó Peña en entrevista con La Razón.

Un acuerdo con plazos, pero sin resultado fiscal inmediato

El acuerdo establece 90 días para plantear modificaciones a la Ley 154, además de la conformación de una mesa técnica para elaborar una Ley Especial de Coparticipación y avanzar hacia su aplicación desde 2027.

Peña considera que esto marca una diferencia respecto a anteriores cumbres autonómicas, aunque advierte que el documento todavía no representa una reforma fiscal efectiva.

“Seamos honestos: es un acuerdo de método, no todavía de resultado”, sostuvo.

La Ley Especial de Coparticipación constituye el núcleo del acuerdo, debido a que deberá establecer las reglas para distribuir los recursos entre el nivel central, las gobernaciones, los municipios y las universidades.

El 50/50 implica redistribuir recursos

Peña considera que una Ley Especial puede modificar estructuralmente el modelo, porque permitirá definir mediante ley quién recibe los recursos y bajo qué reglas. Sin embargo, recordó que la norma todavía no existe.

“La ley todavía no existe, solo existe el mandato de escribirla”, señaló.

Otro de los debates será determinar de dónde saldrán los recursos adicionales. Peña aclaró que el 50/50 no supone generar automáticamente nuevos ingresos.

“El 50/50 no es plata nueva que aparece de la nada, es una redistribución de lo que ya se recauda”, explicó.

El analista identifica como uno de los vacíos del acuerdo la falta de un compromiso para reducir el aparato estatal central.

“El gran vacío de este Acuerdo es la ausencia de compromiso del Gobierno Central para reducir el aparato central burocrático e ineficiente”, afirmó.

“Se trata de mover la torta, no necesariamente de agrandarla”, resumió.

Autonomía y mayores ingresos propios

El acuerdo también contempla ampliar los ingresos propios y la autonomía tributaria departamental. Peña advierte que esta medida podría generar nuevas cargas si no se amplía la base tributaria.

Por su parte, la analista política Natalia Aparicio coincide en que el acuerdo representa, por ahora, una declaración de intenciones y advierte que profundizar las autonomías será un proceso prolongado.

Un proceso que podría durar años

“Yo creo que el primer paso va a ser un proceso largo, va a ser un proceso muy largo, por lo menos unos cinco o diez años para adelante”, afirmó Aparicio.

La analista considera que el beneficio ciudadano dependerá de la gestión y de la voluntad política. Ambos especialistas coinciden en que recibir más recursos sin mejorar las instituciones no garantiza mejores servicios públicos ni una autonomía real.

En su criterio, uno de los principales obstáculos está en la corrupción existente en los distintos niveles estatales, regionales y locales.

“La corrupción no solamente viene del nivel central, hay muchísima corrupción a todos los niveles, en gobernaciones, en alcaldías”, sostuvo.

“Si no vas a levantar datos, si no vas a tomar decisiones así, realmente, ¿de qué sirve?”, cuestionó.

El 50/50 como etapa hacia una mayor descentralización

Aparicio interpreta el 50/50 como una etapa dentro de un proceso más amplio de descentralización.

“El tercer paso sería un federalismo, que es un proceso muy largo, que lo tenemos que transitar”, explicó.

Sin embargo, advirtió que una mayor disponibilidad de recursos no garantiza mejores resultados para la ciudadanía.

“Si todos esos elementos se alinean, puede dar un beneficio a los ciudadanos”, afirmó.

“El obstáculo principal es que el sistema es centralista”, sostuvo, y añadió que una descentralización profunda requiere revisar el equilibrio de poderes.

Gobernaciones con capacidades diferentes

Peña también advierte sobre las capacidades diferentes entre las nueve gobernaciones y considera que algunas cuentan con mayor estructura técnica que otras.

“La autonomía madura no se decreta, se construye con carrera administrativa, meritocracia y control social real sobre el gasto departamental”, afirmó.

Ambos análisis coinciden en que el 50/50 puede convertirse en un punto de inflexión, pero requiere reformas legales, fortalecimiento institucional y controles efectivos.

La ley será clave para aplicar el modelo desde 2027

Peña considera decisivo aprobar este año la Ley Especial de Coparticipación para garantizar su aplicación desde 2027. Aparicio observa un proceso más largo, ligado a una transformación estructural del Estado.

Así, el acuerdo político abre una oportunidad para reducir el centralismo, pero su éxito dependerá de que la promesa fiscal se transforme en normas, recursos y gestión pública eficiente.

El plan del 50/50 fue una de las principales ofertas electorales en la campaña del ahora mandatario, Rodrigo Paz, entonces candidato del PDC.