Montes aclara alcances de la Ley de Emergencia Financiera y desmiente eliminación de programas sociales

El gobernador de Tarija, Óscar Montes Barzón, presentó detalles sobre la Ley de Emergencia Financiera enviada a la Asamblea Legislativa Departamental, asegurando que su principal propósito es estabilizar las finanzas y evitar futuros déficits en la administración.

Montes aclaró que actualmente la Gobernación solo enfrenta un déficit correspondiente al sueldo de febrero, el cual puede resolverse sin dificultades. No obstante, enfatizó la necesidad de ordenar las cuentas públicas para evitar la acumulación de deudas, recordando que al asumir el cargo encontró retrasos en pagos del Programa Solidario Comunal (Prosol), la Canasta Alimentaria y transferencias a municipios desde 2019.

En respuesta a la preocupación de algunos sectores, el gobernador desmintió que la ley implique la eliminación de programas sociales. “No vamos a cerrar el Prosol ni la Canasta Alimentaria, lo que haremos es ajustarlos a la nueva realidad económica”, afirmó.

Entre los aspectos clave de la normativa, Montes destacó:

  • Prosol: Se definirá un porcentaje fijo de las regalías para asegurar su sostenibilidad.
  • Canasta Alimentaria: Se entregará únicamente a personas que no reciben jubilación, priorizando a los más vulnerables.
  • Ítems de salud: Los puestos de primer y segundo nivel serán transferidos al Sistema Único de Salud (SUS) para que los municipios puedan destinar sus recursos a la generación de empleos.
  • Proyectos municipales: Se completarán los proyectos en ejecución antes de iniciar nuevos.

Además, Montes propuso que los caminos bajo competencia nacional sean devueltos a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y que los de carácter municipal sean gestionados por sus respectivas alcaldías, permitiendo que la Gobernación se enfoque en sus atribuciones según la Ley Marco de Autonomías.

Por último, el gobernador lamentó la desinformación difundida en torno a la normativa y pidió a la ciudadanía informarse de manera objetiva. “En lugar de alarmar a la población, lo correcto es conocer bien el contenido de la ley”, concluyó.