Justicia ordena el desalojo de asentamientos ilegales en el Curichi Las Garzas

Los guardianes voluntarios del Curichi Las Garzas, después de varios meses de lucha en los estrados judiciales, celebran su primera batalla ganada. La justicia no solo ordenó desalojar a los avasalladores de esta área protegida del municipio de San Carlos, sino también reparar la afectación ambiental. 

Año tras año este sitio de anidamiento de la cigüeña Mycteria americana era devastado por el fuego y los asentamientos ilegales. De hecho, esta fue la razón para que varios pobladores de San Carlos y el alcalde de aquel entonces, Marco Áñez, emprendieran una campaña para convertirlo, en 2015, en área protegida. El 19 de octubre de ese año el Concejo Municipal aprobó la Ley 63/2015 con la que se creó la “Reserva Municipal de Vida Silvestre El Curichi Las Garzas”.

Este fue el puntapié inicial para proteger las 1.247,48 hectáreas, ubicadas en el distrito  Antofagasta de San Carlos. Pese a ello, cada año, en la temporada de incendios las llamas devoraban los patujusales y juncos y, posterior a ello, los avasalladores ingresaban con maquinaria agrícola y convertían cientos de hectáreas en cultivos de arroz y soya.

El 2023 no fue la excepción. Cerca de 400 hectáreas terminaron tractoreadas y sembradas. Esta situación llevó a que un grupo de pobladores, entre ellos el subalcalde de Antofagasta, Roly Mamani, y el dirigente Ambrosio Orellana, presionaran a las autoridades locales para que se frene el daño. El alcalde de San Carlos, Oscar Zinko, de las filas de las MAS, hizo oídos sordos, mientras que el Concejo Municipal decidió, junto a la ABT y la Fundación Natura, inspeccionar el área. Esto fue el 26 de noviembre de 2023 y un equipo de Grupo EL DEBER, acompañó a la comitiva.

Ese día, y también a través del análisis de imágenes satelitales, se comprobó el daño. Se encontró al grupo de avasalladores en el interior del área protegida e, incluso, el exconcejal Antonio Condo sugirió que, ante el avance de los asentamientos, se reparta el humedal a los sindicatos allí establecidos. Justificó la iniciativa diciendo que, ante el incumplimiento de la norma y para “evitar un problema social”, porque esto “va a estallar”; que “se decida públicamente” que la gente “entre”.

Román Vitrón, ingeniero medioambiental y defensor del curichi, pidió que legisladores departamentales y la Gobernación de Santa Cruz, a través de la Dirección de Recursos Naturales (Direna), hagan una nueva inspección. Esta acción, que debía llevarse a cabo la primera semana de diciembre de 2023, no se efectuó por la amenaza de los avasalladores. La comitiva alcanzó a llegar hasta el ingreso del área protegida y, por su seguridad, tuvo que ponerse a buen recaudo.

Esta situación motivó a Vitrón y a la diputada María José Salazar, en abril de este año y después de una serie de trámites, a denunciar a los avasalladores ante el Juzgado Agroambiental de Yapacaní. Es esta instancia la que ha emitido su resolución este miércoles y está previsto que en el transcurso de esta semana, curse las notificaciones a las instancias involucradas para que den cumplimiento a la disposición de desalojo del área avasallada y a la reparación del daño.

La resolución del juez

El juez agroambiental de Yapacaní, Gonzalo Alvarado Jaldín, emitió este miércoles la resolución que ratifica la orden de desalojo de los asentamientos ilegales en la Reserva Municipal de Vida Silvestre Curichi Las Garzas. La decisión, que busca proteger este humedal, establece también la necesidad de salvaguardar la integridad de sus ecosistemas y biodiversidad.

Román Vitrón calificó la resolución como "histórica y responsable". Al término de la audiencia, destacó que el fallo reafirma el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la legislación ambiental boliviana y los acuerdos internacionales en los que Bolivia está comprometida. Vitrón, quien junto a la diputada María José Salazar había denunciado la ocupación ilegal de la zona el año pasado, celebró la decisión del juez.

El 22 de noviembre, el juez Alvarado visitó la zona afectada, constatando la existencia de terrenos habilitados para cultivos agrícolas en el área protegida. Como resultado, ordenó la paralización inmediata de cualquier actividad agrícola en el humedal hasta que se resuelva la demanda en curso.

“Es una gran noticia que nos hayan concedido la tutela, especialmente considerando que los daños ambientales son muy visibles, como se pudo constatar en la inspección del 22 de noviembre pasado”, destacó Salazar, quien enfatizó que en la visita se identificaron sembradíos de yuca, soya y arroz, además de observarse que se había cosechado soya recientemente. Todo, aparentemente, sin identificar a los responsables directos.

Además, resaltó que el juez dejó claro que la responsabilidad de proteger el humedal recae sobre el Gobierno Municipal de San Carlos, y que existe una omisión en el cumplimiento de deberes por parte del alcalde, Óscar Zinko.

Tanto Vitrón como Salazar explicaron que, a raíz de este fallo, se puede iniciar un proceso legal para que la Alcaldía de San Carlos emita un plan de manejo sostenible para la reserva, que cubre una extensión de 1.247,48 hectáreas. 

Entre las primeras acciones recomendadas, se incluyen la delimitación precisa del área, la colocación de letreros y señalización que indiquen “Área protegida - Prohibido Entrar”, y la implementación de un plan de manejo que contemple la creación de senderos ecológicos y la protección del humedal.

También se dispone la prohibición de cualquier actividad agrícola o ganadera en la zona, el desalojo de personas dentro del Curichi y la destrucción de chozas encontradas en el área. 

“Además, se instruyó la elaboración de un plan de manejo para el área protegida, con un plazo máximo de dos años para su presentación por parte del municipio de San Carlos, lo cual debe ser presupuestado dentro del POA (Plan Operativo Anual)”, explicó Salazar. La diputada destacó que como demandantes tienen un plazo de 8 días hábiles, que podrían extenderse hasta un mes por las vacaciones judiciales, para formalizar una demanda penal que identifique a los avasalladores responsables.

Salazar también celebró la activa participación de las comunidades, como la de Antofagasta, que realizaron denuncias de los avasallamientos y estuvieron presentes en la audiencia judicial. “Las comunidades han jugado un papel fundamental en la defensa de este espacio natural”, afirmó.

El fallo instó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a declarar este predio como tierra fiscalizada y protegida por el Estado, y a proceder con el desalojo de los avasalladores. Esta resolución del juez Alvarado considera también que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) debe intervenir en el proceso.

A su vez, sostiene que la Gobernación de Santa Cruz tiene la responsabilidad de apoyar en la protección de la biodiversidad del área, especialmente en la conservación de especies como las cigüeñas, que no anidaron en la zona este año. La Universidad Gabriel René Moreno fue citada para colaborar en investigaciones científicas sobre la flora y fauna del lugar.

 La ley reconoce que es una reserva vital para el equilibrio ecológico

La resolución del Juzgado Agroambiental de Yapacaní hace hincapié en la importancia de la Reserva Curichi Las Garzas en el equilibrio ecológico de la región. Sostiene que esta área, que juega un papel fundamental en la regulación hídrica del humedal y en la conservación de especies nativas y migratorias, debe ser reconocida como un sujeto de derecho.

El artículo 33 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho de las personas a un medioambiente saludable y equilibrado, un principio que se extiende a los ecosistemas, como el Curichi Las Garzas. Además, el artículo 34 faculta a cualquier persona a tomar acciones legales para defender el medio ambiente.

Según la Ley 071 (Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien), la Madre Tierra es un sujeto colectivo de interés público, y la reserva debe ser considerada parte de este concepto, con derechos inherentes a la vida, el agua, el aire limpio y la restauración. Esta legislación refuerza la necesidad de reconocer y proteger estos derechos para garantizar la preservación de los procesos naturales que sustentan el ecosistema.

La Ley 300 también subraya que el desarrollo debe realizarse en armonía con la naturaleza, respetando su capacidad de regeneración. En este contexto, el reconocimiento de la Reserva Curichi Las Garzas como un sujeto de derecho permitirá su protección efectiva y la regeneración de sus ecosistemas, en cumplimiento con la normativa vigente.

FUENTE: EL DEBER