Juez suspende por 30 días el proyecto DMO X-3 en Tariquía

El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos decidió suspender temporalmente por 30 días las actividades de perforación del proyecto hidrocarburífero Domo Osso X-3 (DMO X-3), ubicado en el Bloque Exploratorio San Telmo Norte, en una zona vinculada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. La medida, que busca garantizar la evaluación integral de los impactos ambientales y proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, fue celebrada por comunidades y activistas, quienes ahora se preparan para presentar pruebas que demuestren irregularidades en el proceso del proyecto.

El auto interlocutorio, emitido por el juez Clever Marcelo Osorio Guerrero y divulgado a través de las redes sociales del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, admite las medidas cautelares ambientales solicitadas por esta institución y ordena la suspensión inmediata de las actividades materiales de DMO X-3 mientras se analiza el fondo del caso. La paralización regirá una vez que la empresa Petrobras sea notificada formalmente.

Entre las principales determinaciones judiciales se incluye la realización de una Audiencia de Inspección Técnica el 9 de febrero de 2026 en el Cantón Chiquiacá, municipio de Entre Ríos, para verificar las condiciones ambientales del área y los posibles impactos de la actividad hidrocarburífera. Asimismo, se convocó a una Audiencia Pública el 13 de febrero de 2026, bajo modalidad presencial y virtual, en la Casa de Justicia de Entre Ríos, donde podrán participar partes procesales, terceros interesados y “amigos de la corte” para aportar argumentos y elementos técnicos que ayuden a esclarecer el caso.

La resolución incorpora como parte demandada a Petrobras y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ordena al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y a YPFB remitir en 10 días hábiles toda la documentación técnica y ambiental vinculada al proyecto, incluidos estudios de impacto, licencias, análisis de riesgos y autorizaciones. Además, se instruyó notificar a comunidades de Tariquía, Chiquiacá y Baisal Lagunillas, y se solicitó a la Defensoría del Pueblo identificar a defensores ambientales para evaluar medidas cautelares específicas para su protección.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reafirmó el compromiso institucional con la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, asegurando que “defender la vida nunca será un delito”. Los demandados en este proceso incluyen al ministro de Hidrocarburos y Energía, Sergio Mauricio Medinaceli Monroy; al ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, José Fernando Romero Pinto; al viceministro de Medio Ambiente, José Ernesto Ávila Antelo; y al presidente de YPFB, Yussef Akli Flores.

En el Cantón de Chiquiacá, la activista Nelly Coca destacó que la suspensión judicial es solo el inicio de una etapa decisiva. Las comunidades y defensores ambientales preparan la presentación de documentos que demuestren supuestas irregularidades de Petrobras y del Gobierno, y este sábado se espera la llegada de una comitiva de profesionales y activistas para inspeccionar el terreno y exponer los impactos ambientales del proyecto. Coca señaló que la preocupación central no se limita al pozo DMO X-3, sino al desarrollo integral del campo hidrocarburífero, que podría afectar gravemente a toda la Reserva de Tariquía, incluidos los acuíferos que abastecen a las comunidades.

El Comité Cívico de Tarija, presidido por Jesús Gira, respaldó la defensa de la reserva pero decidió no participar directamente en las inspecciones para no politizar el proceso judicial. Gira recalcó que la resolución del conflicto debe darse en el ámbito judicial y técnico, permitiendo que las instancias correspondientes determinen la legalidad del proyecto, en un caso que coloca nuevamente a Tariquía en el centro del debate nacional sobre explotación de recursos naturales, consulta previa y protección de áreas protegidas.