José Armando Urioste Viera asume como fiscal general interino

La madrugada de este sábado 3 de octubre, la Asamblea Legislativa Plurinacional designó a José Armando Urioste Viera como fiscal general del Estado interino, en reemplazo de Róger Rider Mariaca, quien fue aprehendido en el marco de una investigación por presuntos nexos con el narcotráfico.

Aunque su nombre no figuraba en el listado inicial de los tres postulantes propuestos durante la sesión legislativa, Urioste cuenta con una amplia trayectoria en la administración de justicia del departamento del Beni.

De acuerdo con los datos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional, Urioste tiene 58 años y nació en el Beni. Es licenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales; además, cuenta con diplomados en Derecho Procesal Civil y Educación Superior. También obtuvo una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Agrario.

El jurista fue secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y del Tribunal Agrario Nacional. También ejerció como juez de Instrucción durante tres años, juez de Partido y juez Público Civil y Comercial por más de 11 años.

Asimismo, se desempeñó como vocal de la Sala Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa durante seis años, y fue decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni por el mismo periodo. También trabajó como docente de pregrado y posgrado en varias universidades, además de ejercer la docencia en el Instituto de la Magistratura.

Urioste es egresado del Proyecto de Reformas Judiciales, específicamente del programa piloto para la creación del Instituto de la Magistratura, apoyado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

En 2024 participó como candidato a magistrado por el departamento del Beni en las Elecciones Judiciales. En esa oportunidad, sostuvo que Bolivia avanzó en la protección de los derechos humanos y la defensa de los grupos vulnerables, pero advirtió sobre la falta de institucionalización, credibilidad e independencia judicial, además de debilidades en el ingreso a la carrera judicial y ausencia de incentivos para el ejercicio de las funciones judiciales.

“Se han realizado reformas en favor de los grupos más desprotegidos, sin embargo, se advierte una falta de institucionalización en el Órgano Judicial, falta de credibilidad en la justicia, falta de independencia judicial, falta de una carrera judicial idónea, debilidad en los sistemas de ingreso a la carrera judicial, falta de incentivos en el ejercicio de las funciones judiciales”, afirmó entonces.