Gobierno acusa a exministra López por corrupción e inicia una querella
Una exviceministra, dos abogados, tres directores, tres jefes de unidad del Ministerio de Comunicación están entre los 22 implicados en una querella presentada por el contrato con la firma mexicana Neurona
El Gobierno transitorio de Jeanine Áñez encontró indicios de corrupción en el Ministerio de Comunicación, durante la gestión de Evo Morales. La actual ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, se querelló ayer contra su antecesora Gisela López y otros 22 involucrados.
Entre los procesados figura una exviceministra, dos abogados, tres directores, tres jefes de unidad, cuatro responsables de área, una secretaria de gabinete, cuatro técnicos, un asistente y un auxiliar detalló la ministra Lizárraga a este medio. Además, un representante de la empresa mexicana de comunicación Neurona, que suscribió ocho contratos con la anterior administración.
En la conferencia de presentación de la denuncia, la ministra Lizárraga se abstuvo de revelar la lista de nombres para evitar que los implicados “escapen”, como ya lo hizo López, aseguró. La exautoridad, según Lizárraga, salió del país el 22 de noviembre con destino a la República Argentina.
Junto al senador Óscar Ortiz, que investigó el caso, la ministra detalló que López se había apersonado a la embajada de México para solicitar asilo, pero después salió de territorio nacional, de acuerdo al informe migratorio.
De hecho el miércoles 3 de abril de este año, durante la gestión del MAS, el exministro Manuel Canelas envió a la Contraloría los mismos ocho contratos que suman un total Bs 12.461.000. Ayer, el nuevo Gobierno apuntó a cuatro contratos y cuatro órdenes de servicio, por Bs 13 millones.
La firma habría sido fundada un mes antes de aterrizar en Bolivia (tenía escritura legal del 19 de febrero de 2018). Se especializaba en crear piezas para contenidos en plataformas digitales. La exministra López delegó a Neurona la producción de 50 artes gráficas, 15 spots y dos videoclips para la campaña por la reivindicación marítima, por lo que pagó $us 223.175.
El Día del Mar, el 23 de marzo de 2018, mientras en Bolivia se realizaban los desfiles recordando al héroe Eduardo Abaroa y en La Haya los representantes del Gobierno chileno presentaban sus alegatos orales, el Ministerio de Comunicación suscribía esos dos contratos con la empresa mexicana. La oposición de entonces, hoy en el Gobierno, observó dos cosas: que un tema de fuerte interés nacional se hubiese dejado en manos de una firma extranjera y que se lo hubiese hecho por contratación directa, planteando dudas sobre la transparencia de los procesos.
Las personas implicadas, dijo la ministra Lizárraga, “son sospechosas de los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica”.
Adelantó que hay otras denuncias en contra de López y otros ministros anteriores. Se supo que la gestión de Manuel Canelas es la única que no tiene observaciones de consideración.
El Ministro de Justicia demandará a jueza que sacó de prisión a acusada de formar un clan familiar narco
El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, informó ayer que demandará por corrupción a la jueza que cesó la detención preventiva de Mayerling Castedo, vinculada con el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, y el clan familiar del narcotráfico ‘Candia Castedo, reportó ABI.
“Estamos solicitando al Ministerio Público, Órgano Judicial y todas las instancias de lucha contra la corrupción, el inicio de una investigación contra la jueza décimo de instrucción cautelar de Santa Cruz, Ana Gloria Rojas, que dispuso la cesación de la detención preventiva de Mayerling Castedo y de sus dos hijos”, dijo en conferencia de prensa.
Mayerling Castedo Molina y sus hijos Joice y Jhonsy Darío Candia Castedo, quienes cumplían detención preventiva en la cárcel de Beni se beneficiaron con medida sustitutiva de la detención domiciliaria.
Para el ministro, lo llamativo del caso es que solamente se le otorgó libertad para acceder a la medida sustitutiva, pero sin ningún tipo de custodio o vigilancia.
“Nos sentimos preocupados porque este es un caso de narcotráfico que estaba dando señales al país de una lucha frontal, verdadero y transparente contra el flagelo del narcotráfico”, dijo.
Fuente: EL DEBER
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