Gobernación de Tarija promulga decreto de austeridad para evitar colapso financiero

El gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón, anunció la promulgación de un decreto de austeridad extrema con el fin de reorganizar las finanzas del departamento y evitar un colapso económico. Durante una conferencia de prensa, Montes defendió la legalidad de la normativa y cuestionó a quienes la critican sin conocer su contenido.
Principales medidas del decreto
Entre las disposiciones más destacadas, el decreto establece una reducción del 50 % en el uso de vehículos oficiales y combustible, limitando su utilización exclusivamente para viajes departamentales. Además, se prohíbe la generación de nuevos compromisos financieros, especialmente en lo que respecta a salarios y contrataciones. Asimismo, se eliminarán cargos administrativos considerados innecesarios para priorizar al personal técnico y operativo.
En el ámbito de la salud, se gestionará la migración de ítems de primer y segundo nivel hacia otras fuentes de financiamiento, en cumplimiento de la Ley de Autonomías y recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Con esta medida, se busca garantizar el pago de sueldos hasta diciembre y evitar afectaciones al personal sanitario.
Por otro lado, el decreto contempla una depuración en el programa ProSol y la Canasta Alimentaria, con el objetivo de asegurar que los beneficios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan. Según Montes, se han detectado casos de beneficiarios que no cumplen con los requisitos, incluyendo personas fallecidas o residentes en el extranjero que continúan recibiendo asistencia.
Llamado a la Asamblea y a la ciudadanía
El gobernador instó a la Asamblea Legislativa Departamental a aprobar la ley enviada para respaldar estas medidas de austeridad y exhortó a la población a exigir mayor transparencia en la administración de los recursos públicos. “No se trata solo de reducir gastos o ajustar salarios, sino de evitar una crisis que afectaría a toda la población”, enfatizó.
Finalmente, Montes reiteró su compromiso de mantener los programas sociales esenciales bajo estrictos controles, garantizando su sostenibilidad y evitando irregularidades en su distribución.