Caso gasolina

Fiscalía aún no descarta aprehender a Yussef Akly

El fiscal general Roger Mariaca y el expresidente de YPFB Yussef Akly.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la posibilidad de emitir un mandamiento de aprehensión contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, mientras avanza una investigación por presuntas irregularidades en la estatal petrolera.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que Akly permanece en territorio boliviano y explicó que una comisión de fiscales desarrolla diligencias para establecer el grado de participación de las personas vinculadas al proceso.

La situación de Yussef Akly

Mariaca señaló que la Fiscalía todavía realiza actuaciones relacionadas con Akly y que será la comisión encargada del caso la que determine si corresponde ampliar la investigación o adoptar otras medidas.

El jefe del Ministerio Público también confirmó que el exejecutivo de YPFB se encuentra en Bolivia, al igual que otras personas que fueron convocadas a declarar como testigos dentro del proceso penal que se desarrolla en el departamento de La Paz.

Hasta el momento, la Fiscalía no confirmó la existencia de un mandamiento de aprehensión contra Akly. Sin embargo, esa posibilidad permanece abierta en función de los resultados que arrojen las diligencias investigativas.

Investigación por presuntas irregularidades

La investigación cobró relevancia tras la aprehensión de Daniela Durán, exdirectora jurídica de YPFB, además de otras personas vinculadas al proceso.

El Ministerio Público busca establecer responsabilidades individuales y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados, de acuerdo con los elementos que sean reunidos durante la investigación.

YPFB y el sector energético

La situación de Akly adquiere importancia debido a su anterior responsabilidad al frente de YPFB, empresa estatal estratégica vinculada a la cadena de hidrocarburos y al abastecimiento de combustibles en Bolivia.

El proceso se desarrolla en un contexto marcado por dificultades en el suministro de combustibles, presión sobre las finanzas públicas y cuestionamientos relacionados con la administración de la estatal petrolera.

La Fiscalía deberá definir, a partir de las actuaciones investigativas, si corresponde ampliar las imputaciones, emitir nuevas resoluciones o disponer otras medidas dentro del proceso.