El círculo vicioso del contrabando: cierre de empresas y desempleo
La actividad ilícita del contrabando representa más del 7 por ciento del PIB de Bolivia
El contrabando mueve anualmente unos 3.300 millones de dólares en Bolivia, lo que representa más del 7 por ciento del PIB del país. Este año las ganancias de las 500 empresas más grandes de Bolivia cayeron en 12,5 por ciento, lo que implica la reducción de la fuerza laboral y el achicamiento del sector industrial manufacturero nacional, que opera en la formalidad, según la Cámara Nacional de Industria (CNI) y el análisis del economista Hugo Siles.
En los últimos 23 años, el contrabando creció en 233 por ciento y en 2022 movió 3.331 millones de dólares. Además, afecta a más de 38 mil industrias nacionales y a 600 mil empleados fabriles en el país.
La expansión de la actividad ilícita en Cochabamba se refleja en la consolidación de más de 20 ferias itinerantes, que se consolidaron en varios lugares de Cercado, Sacaba y Quillacollo. Se trata de grupos de entre 10 y más de 30 personas que están organizados e inician la venta a partir de las 17:00 para evadir los controles de la Intendencia.
Visitando estas ferias y hablando con los comerciantes, Los Tiempos evidenció que gran parte de estos alguna vez contaron con un empleo formal en grandes y pequeñas empresas. Otros, en cambio, se dedicaron a esto después de haber cerrado emprendimientos en diferentes rubros e incluso un eximportador legal de electrodomésticos dejó el rubro para vender contrabando.
Un tercer grupo siempre se dedicó al comercio. Ese es el caso de Judith C., de 34 años, que trabajaba en el área operativa de la empresa Unilever en Cochabamba. Sin embargo, después de la pandemia, fue desvinculada de su fuente laboral y al no poder conseguir otro empleo incursionó, en 2022, en la venta de artículos de contrabando para mantener a sus tres hijos.
Ahora, en su puesto móvil, Judith vende varios productos de limpieza e higiene personal de contrabando de Unilever argentina, como detergentes Skip, desodorantes Rexona y champús Sedal y Dove, que también se fabrican en el país. “Somos gente que tenemos muchas necesidades. Yo he perdido mi trabajo y no he podido conseguir otro. No hay trabajo, tampoco en los mercados hay puestos para vender. No tenemos otras alternativas”, dijo.
Lo que Judith no sabe es que perdió su empleo a causa de las bajas ventas de productos nacionales por ingreso de artículos de contrabando, motivo por el cual muchas industrias nacionales recortan gastos y personal.
Con la expansión de estas ferias itinerantes, otras fuentes laborales formales también están en riesgo.
Para las industrias nacionales, es difícil competir con el contrabando, pues la devaluación de las monedas de los países vecinos causan que el producto de contrabando sea entre 5 y 50 bolivianos más barato que el nacional o legalmente importado.
Mario O., de 52 años, también es parte de la feria itinerantes de la avenida Beijing, a la altura de la Feria de Automóviles. Él cuenta que hasta antes de la pandemia se dedicaba a la importación legal de electrodomésticos, pero, tras no poder pagar sus préstamos bancarios, tuvo que dedicarse a la venta de productos de contrabando.
El expresidente de la CNI, Ivo Blaziceviv, señaló que el desempleo formal en la industria manufacturera está directamente relacionado con el aumento del contrabando.
Los feriantes también venden productos nacionales para evitar que se les acuse de contrabandistas.
En estas ferias itinerantes se vende todo tipo de alimentos, ropa, zapatos, artículos de limpieza, higiene personal y bebidas alcohólicas, que, en su mayoría, provienen de Argentina.
La actividad es rentable y algunos comerciantes usan camionetas como tiendas móviles e incluso comenzaron a alquilar tiendas.
Pero el contrabando también causa el cierre de micro y pequeñas empresas (mypes) de diferentes rubros. Sólo en el primer semestre de este año, más de 10 mil unidades productivas cerraron y en 2022 otras 50 mil microempresas, informó el presidente de la Conamype, Néstor Conde.
Los rubros más afectados son los de textiles, muebles, orfebres y marroquinería, entre otros. Esto se debe a que, actualmente, no sólo ingresa ropa usada de contrabando, sino también muebles, bisutería, menaje de cocina, cosméticos, carteras, mochilas, electrodomésticos y otros artículos.
Debido a este panorama, el 70 por ciento de las microempresas son informales y las nuevas mypes permanecen en la formalidad sólo tres meses. Luego dejan de tributar o cierran porque no son rentables. Otras, en cambio, operan sólo algunos meses al año. “Cuando las unidades productivas sacan su NIT, se cierran a los dos o tres meses, no pueden competir con el contrabando”, enfatizó.
Agregó que la situación es tan crítica que muchos cierran sus mypes para dedicarse a vender productos de contrabando. “No se puede competir con el contrabando, hay muchos casos donde los textileros se rinden, venden sus máquinas y se dedican a vender ropa usada, otros ambulan productos de contrabando”, cuenta Conde.
Blazicevic señaló que urge revisar la política arancelaria para reducir los costos de la formalidad de productos importados y así generar una competencia sana con márgenes razonables.
El presidente de la CNI, Pablo Camacho, instó a toda la población y a las autoridades nacionales a luchar contra el contrabando. “Reconocemos el trabajo que realiza la Aduana y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, pero, reitero, es una lucha de todos, (porque) mientras tengamos demanda de productos de contrabando, esto seguirá creciendo. Son 6.700 kilómetros de frontera, hemos pedido la dotación de más y mejores medios para luchar contra este mal”, indicó.
Además, instó a la población comprar productos hechos en Bolivia y no consumir productos de contrabando. “Tenemos que hacer poco atractivo este negocio. Toda la industria boliviana está afectada en mayor o menor grado”, explicó Camacho.
La CNI propone varias acciones para frenar el contrabando, como modificar el Código Tributario (Ley 2492) para disminuir de 200 mil a 50 mil UFV el valor del monto del contrabando para que sea considerado como delito aduanero con sanción penal; reactivar y ampliar el Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando; modificar la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 482 para municipalizar la lucha contra el contrabando; fortalecer las acciones de interdicción del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en fronteras, y realizar campañas de comunicación para concientizar sobre los efectos del contrabando en la salud pública, seguridad interna, impacto en el empleo y evasión tributaria.
El contrabando crece en Bolivia al ritmo de 200 a 300 millones de dólares por año. En 2010, la actividad ilegal movió 1.535 millones de dólares, pero en 1999 la cifra fue de sólo mil millones de dólares. En cambio, en 2021, movió 3.064 millones de dólares, pero en 2022 la cifra fue de 3.331 millones de dólares (ver infografía).
El daño del contrabando a las arcas del Estado también es considerable, pues, en 2022, la internación de productos de contrabando a Bolivia representó una evasión de 930 millones de dólares en impuestos, dinero con el cual el Gobierno hubiera podido construir 16 hospitales de tercer nivel, según el informe de la CNI.
Además, el contrabando crece cada año al doble de la economía nacional. La gestión pasada, el contrabando creció en 8,72 por ciento y el PIB nacional sólo aumentó en 4,30 por ciento.
Pese a la gravedad del daño económico que causa el contrabando al Estado, industrias y mypes, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB)sólo decomisó, en 2022, el 3,18 % respecto del valor del contrabando.
Aduana
La ANB informó a Los Tiempos de forma escrita que refuerza la lucha contra el contrabando con más personal y equipamiento logístico. Detalló que en la gestión 2022 se comisó mercancías por un valor de 737.421.581 bolivianos.
La institución señaló que las dificultades con las que tropiezan para realizar los decomisos son las extensas fronteras del país; la operación de grupos organizados de choque para emboscar e impedir el comiso y traslado de mercancía; varias rutas alternas para evadir el control aduanero; complicidad y protección de poblaciones afines al contrabando; constantes ataques a los bienes del Estado (vehículos), agresiones físicas y secuestros a funcionarios públicos y militares, y uso de armas de fuego por grupos criminales afines al contrabando.
Los comisos llegan sólo al 3%
La Cámara Nacional de la Industria (CNI), en el “Estudio sobre el impacto negativo del contrabando en el país, señaló que, en 2022, ingresaron al país artículos de contrabando valorados en 3.331 millones de dólares, pero la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) realizó decomisos por un valor de 105 millones de dólares, que sólo representa el 3 por ciento del total del valor de la mercancía ilegal.
El estudio se realizó con datos del INE y ASFI.
Fuente: Los Tiempos