Diputada Mariela Baldiviezo promociona criptomonedas y enfrenta acusaciones de conflicto de intereses

La diputada tarijeña Mariela Baldiviezo ha causado controversia al promocionar la venta de activos en criptomonedas y billeteras digitales, actividades que realiza como socia de la multinacional PrimeXBT. La polémica surge debido a que esta empresa comenzó a operar en Bolivia gracias a una nueva normativa que, coincidentemente, Baldiviezo impulsó desde su cargo en la Cámara de Diputados. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses y una falta de ética en el ejercicio de sus funciones públicas.

En su perfil de Facebook, Baldiviezo no solo promociona la compra de criptomonedas, sino también la venta de billeteras frías (TREZOR), dispositivos que aseguran la gestión de estos activos digitales. La evidente participación de la diputada en estas actividades empresariales ha levantado críticas, dado que la normativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional establece claramente que los diputados tienen prohibido:

Usar su influencia para obtener beneficios propios: Está prohibido que los legisladores gestionen o consigan servicios, contratos o concesiones en su favor, lo que podría comprometer su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones.

Aceptar beneficios que puedan influir en su labor: Los diputados no pueden aceptar bienes, dinero u otros beneficios que puedan afectar su trabajo de fiscalización o legislativo.

La situación se vuelve aún más delicada al considerar que Baldiviezo jugó un papel crucial en la creación y aprobación de la normativa que permitió la entrada de PrimeXBT al mercado boliviano. Esto levanta sospechas sobre si la diputada actuó en función de sus propios intereses empresariales y no en beneficio del país.

Reacciones y Posturas

Un exdiputado, que prefirió mantener su nombre en reserva, calificó las acciones de Baldiviezo como "absolutamente ilegales y antiéticas", señalando que la Constitución y la Ley prohíben que los legisladores reciban ingresos adicionales a sus salarios como servidores públicos, especialmente si estos derivan de actividades reguladas por normativas que ellos mismos han impulsado.

"Estamos ante una situación que claramente contradice el mandato ético que deben seguir los legisladores. No se puede ser juez y parte en un tema que involucra el bienestar económico del país", indicó el exparlamentario.

Posible Investigación

La situación plantea un desafío para los mecanismos de control y transparencia dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se espera que este caso sea investigado por las instancias correspondientes para determinar si hubo algún tipo de irregularidad o falta administrativa.

Por el momento, la diputada Baldiviezo no ha emitido declaraciones oficiales sobre estas acusaciones, pero el hecho de que continúe promocionando estos servicios en sus redes sociales refuerza las preocupaciones sobre la ética y la transparencia en su desempeño como representante pública.

Este caso subraya la importancia de mantener una estricta separación entre los intereses privados y las responsabilidades públicas para evitar que se comprometa la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

FUENTE: AGENCIAS