Corte IDH: Bolivia pide al juez Zaffaroni excusarse por ser abogado de Evo Morales

Bolivia solicitó este lunes al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Raúl Zaffaroni excusarse del análisis de la opinión consultiva sobre la reelección indefinida, porque el magistrado es abogado del expresidente Evo Morales.

"Señora presidenta (de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito), como Estado boliviano quisiera pedir, por su intermedio, que el señor juez Raúl Zaffaroni pudiera considerar excusarse de este caso (...), dado que es abogado del expresidente Evo Morales", dijo William Herrera, encargado de negocios de Bolivia en Costa Rica, en la primera sesión de análisis de este caso.

Según el representante boliviano, la participación de Zaffaroni puede, eventualmente, no ser la más imparcial, sino más bien posiblemente interesada, en mérito a la relación que tiene con el exmandatario, quien apeló a la Convención Americana de Derechos Humanos para postularse sin límites legales a la presidencia, incluso por encima de la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, "somos conscientes de que es una opinión consultiva, que no es un proceso controversial y que la normativa no permite directamente una excusa", agregó Herrera, tras ratificar que la participación de Zaffaroni genera "algún tipo de susceptibilidad".

Luego, la Presidenta respondió que la Corte tomó nota de las observaciones planteadas por Bolivia.

La solicitud de opinión consultiva fue presentada por Colombia en octubre de 2019 para que la Corte IDH interprete la figura de la reelección presidencial indefinida en la que se apoyaron los gobiernos de Venezuela y Nicaragua para prorrogarse en el poder.

Además, el recurso hace una alusión a la maniobra jurídica que hizo el entonces presidente de Evo Morales, en 2017, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) allanó su repostulación, al igual que de todas las autoridades electas, en función a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ese documento, también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, establece, en su artículo 23, que todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; además de votar y "ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".

En ese marco, el anterior gobierno boliviano logró que Evo Morales se vuelva a postular el año pasado a la presidencia, pese a que la Constitución no lo permite y pese a que en un referendo también se cerró esa posibilidad.