Bolivia se ubica como el tercer país más corrupto de Sudamérica, según estudio internacional

Bolivia ocupa el tercer lugar entre los países más corruptos de Sudamérica, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, que le otorga un puntaje de 28 sobre 100 y la posiciona en el puesto 136 de 182 países evaluados a nivel mundial.

El resultado sitúa a Bolivia como el tercer país más corrupto de América y solo por encima de Venezuela y Paraguay en el contexto sudamericano. Según el informe, el país no muestra una mejora estructural y permanece en un nivel bajo crónico, marcado por la normalización de prácticas irregulares en el sector público y la percepción de impunidad en casos de alto nivel.

Para el economista Fernando Romero, el indicador confirma que la corrupción en Bolivia “no es un problema episódico, sino estructural”, vinculado a la debilidad institucional y a la captura de sectores estratégicos del Estado. “La corrupción actúa como un impuesto oculto que encarece obras, distorsiona contratos y desalienta la inversión privada”, señaló.

Romero explicó que este fenómeno incrementa el riesgo país, fomenta el contrabando y reduce la recaudación tributaria, con efectos directos sobre el crecimiento económico. “El resultado es menor crecimiento, menos empleo formal y una creciente desconfianza económica. En términos simples, la corrupción frena el desarrollo y deteriora la seguridad jurídica”, afirmó.

Sectores críticos

El análisis identifica como áreas especialmente vulnerables a los hidrocarburos y carburantes, las aduanas y el comercio exterior, las empresas públicas y el sistema judicial y las fiscalías. En estos espacios, la persistencia de irregularidades y la falta de sanciones efectivas refuerzan la percepción de que la corrupción es predecible y tolerada.

Desde una perspectiva económica, Romero advirtió que la corrupción eleva el costo fiscal de las obras y subsidios, distorsiona la competencia, amplía el déficit y la deuda pública y alimenta la informalidad. “Económicamente, la corrupción funciona como un impuesto oculto, regresivo y permanente”, subrayó.

Ganadores y perdedores

De acuerdo con el economista, las principales beneficiarias de este escenario son las redes político-empresariales, intermediarios informales, funcionarios corruptos, contrabandistas y empresas favorecidas por el favoritismo estatal. En contraste, los ciudadanos, las empresas formales, los inversionistas y el propio Estado figuran entre los principales perjudicados, junto a jóvenes y trabajadores que enfrentan menos oportunidades laborales.

Romero sostuvo que la lucha contra la corrupción requiere medidas institucionales y creíbles, más allá del discurso. Entre las acciones prioritarias mencionó el fortalecimiento de la independencia judicial mediante designaciones meritocráticas, la transparencia total de contratos en sectores sensibles como hidrocarburos y empresas públicas, y un mayor control al lavado de dinero con cooperación internacional.

También planteó la digitalización obligatoria de las compras públicas y la protección efectiva a denunciantes y a la prensa. “Sin reglas claras y aplicación firme de la ley, la inversión no va a regresar”, advirtió.

En su evaluación final, el economista remarcó que la corrupción en Bolivia no debe entenderse solo como un problema ético o político, sino como un obstáculo central para el desarrollo. “Mientras siga siendo rentable y sin castigo, continuará drenando recursos, destruyendo confianza y bloqueando el crecimiento. Combatir la corrupción no es una consigna: es una estrategia económica de largo plazo”, concluyó. 

FUENTE: EL DEBER