Bolivia aprueba estrategia nacional para conservar su biodiversidad

Bolivia aprobó mediante el Decreto Supremo 5753 la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad – Plan de Acción 2026–2030 (ENBPA), una hoja de ruta estatal para proteger el patrimonio natural, fortalecer la gestión de los ecosistemas y promover una producción compatible con la conservación.

En el marco del modelo Bolivia Verde y Sostenible, la estrategia reconoce la biodiversidad como un activo estratégico para el bienestar de la población, la seguridad hídrica y las oportunidades económicas vinculadas al uso sostenible de los recursos naturales.

El plan se articula en cuatro ámbitos: fortalecimiento institucional, gobernanza y financiamiento; gestión sostenible de los ecosistemas; conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad; y gestión del conocimiento. Según una nota institucional, estos ejes buscan mejorar la coordinación entre instituciones, fortalecer la planificación territorial, recuperar áreas degradadas y promover decisiones basadas en información científica.

La estrategia también incorpora los conocimientos tradicionales y la participación ciudadana. “Uno de los principales desafíos es consolidar la conservación más allá de las áreas protegidas”, señala la nota institucional. De acuerdo con los datos consignados en el documento, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprende 211 áreas nacionales y subnacionales, que abarcan el 35,22 % del territorio boliviano.

El documento plantea que el aprovechamiento sostenible de productos forestales maderables y no maderables, como la castaña, la goma natural y el asaí, además de recursos derivados de la fauna silvestre, como la fibra de vicuña y los productos del lagarto, puede vincular la conservación de los bosques con los medios de vida de las poblaciones que dependen de ellos.

La estrategia prioriza la investigación, el monitoreo de especies y ecosistemas y la generación de información pública para prevenir amenazas como la deforestación, los incendios forestales y la pérdida de hábitats. Su implementación convoca a instituciones públicas, gobiernos subnacionales, pueblos indígenas, comunidades locales, la academia y otros actores a coordinar esfuerzos. El Decreto Supremo establece que la aplicación del plan no deberá generar gastos adicionales ni recursos extraordinarios para el Tesoro General de la Nación.