Municipios

Alcaldes exigen 50/50, devolución del IDH y decreto para obras

Alcaldes de Bolivia exigen redistribución 50/50, devolución del IDH y apoyo para obras municipales

Los alcaldes de las nueve capitales de departamento y de El Alto acordaron este lunes exigir al Gobierno nacional una redistribución de recursos bajo el esquema 50/50, la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y medidas urgentes para evitar la paralización de obras y garantizar los servicios municipales.

Tras una reunión de coordinación, las autoridades establecieron una hoja de ruta que incluye la participación de los municipios en el debate del nuevo pacto fiscal y fijaron hasta el viernes 13 de noviembre el plazo para que el Ejecutivo emita un decreto de actualización de precios de los contratos. La medida busca responder al incremento de los costos de construcción y operación.

La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, informó que uno de los principales acuerdos es construir un pacto vinculante para una distribución más justa y equitativa de los recursos, con participación municipal en la elaboración de una nueva ley de coparticipación tributaria. La propuesta contempla siete componentes: definición de la masa coparticipable, normativa del 50/50, cronograma de convergencia, reducción de cargas, restitución de recursos, actualización del Sistema Único de Salud (SUS) y reformas legales.

Los alcaldes también demandaron la devolución del 12% del IDH retenido a los municipios durante 2025 y la suspensión de nuevas retenciones para 2027. Además, plantearon que el Tesoro General de la Nación asuma el pago del bono de discapacidad mediante una modificación a la Ley 977, revisar el 10% destinado a seguridad ciudadana e inventariar las cargas nacionales que actualmente financian los gobiernos municipales.

En salud, solicitaron transferir al nivel central los contratos del personal sanitario que pagan los municipios y actualizar las tarifas del SUS para que reflejen los costos reales de insumos y mantenimiento. Tardío advirtió que varias obras están paralizadas, otras al borde de una rescisión contractual y que algunas empresas se resisten a continuar porque los precios establecidos ya no cubren sus costos. "Muchas obras de inversión se han paralizado. Muchas otras están al borde de una rescisión, una resolución de contrato. Otras tantas están a la firma porque muchas empresas no quieren trabajar a pérdida", señaló.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, afirmó que el diésel pasó de Bs 9 a Bs 18 por litro y que ese incremento afecta las obras, el recojo de basura, el aseo urbano y el transporte municipal. "Por supuesto que están en riesgo las obras, por supuesto que están en riesgo que desarrollemos actividades para cada uno de nuestros vecinos", sostuvo. También propuso un programa de readecuación financiera, la actualización de precios y el cumplimiento de compromisos vinculados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Dockweiler planteó aplicar gradualmente el 50/50 hasta 2030, mediante cuatro etapas. Su propuesta establece que, al final del periodo, los municipios reciban el 36%, las gobernaciones el 6,7% y las universidades públicas el 7,3%, mientras el 50% permanezca en el Gobierno central. Aclaró que el planteamiento debe ser socializado y analizado por los sectores involucrados.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, 'Mamén' Saavedra, respaldó una mayor descentralización y el fortalecimiento de las autonomías, pero sostuvo que la distribución debe definirse con la participación de municipios, gobernaciones y universidades. "Nadie puede imponer nada, nadie puede definir porcentajes de manera unilateral. Esto lo vamos a construir entre todos los participantes", afirmó. Añadió que la redistribución debe traducirse en soluciones para salud, educación, infraestructura y atención de desastres.

Los alcaldes anunciaron una nueva reunión para el lunes 16 de noviembre en La Paz, con la participación de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y otras organizaciones del sistema asociativo municipal. La convocatoria buscará incluir a municipios pequeños e intermedios. Durante la mañana se coordinarán acciones entre los gobiernos municipales y por la tarde se invitará a representantes del Gobierno nacional para abrir un espacio de diálogo.