Aguas Blancas y Salvador Mazza acudieron a la Justicia por el comercio fronterizo

El conflicto por las nuevas restricciones al comercio fronterizo en el norte de Salta llegó a la Justicia. Desde Aguas Blancas y Salvador Mazza impulsaron una acción de amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante la cual buscan frenar la aplicación de la Resolución General 5910/2026, que establece límites al traslado de mercaderías bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo.

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La presentación, fechada el 19 de octubre, cuestiona las disposiciones nacionales por considerar que afectan directamente la actividad económica de dos localidades cuya dinámica comercial depende, en gran medida, del intercambio con Bolivia. Además de pedir que se analice la legalidad de la normativa, los impulsores de la acción solicitaron una medida cautelar de no innovar con efecto suspensivo para evitar que las restricciones continúen aplicándose mientras se resuelve el planteo de fondo.

El reclamo judicial representa un nuevo capítulo de un conflicto que comenzó a tomar fuerza el 10 de octubre, cuando entraron en vigencia las modificaciones dispuestas por ARCA. Desde entonces, comerciantes, cámaras empresariales y autoridades locales advirtieron sobre las consecuencias que podrían generar las limitaciones en una región donde el intercambio comercial constituye una fuente importante de ingresos y empleo.

La Resolución General 5910/2026 fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre y modificó las condiciones del régimen de tráfico vecinal fronterizo, previsto para residentes de zonas limítrofes.

Entre los principales cambios se encuentra el límite de 150 dólares diarios por persona para el egreso de mercaderías argentinas mediante ese régimen. La normativa también excluye determinados productos y presentaciones, entre ellos trigo, soja y maíz, combustibles transportados en recipientes no habilitados y mercaderías acondicionadas en envases iguales o superiores a 10 kilos, o su equivalente en volumen.

Desde el organismo nacional se fundamentó la modificación en la necesidad de fortalecer los controles aduaneros, evitar el fraccionamiento de operaciones y prevenir la utilización sistemática del régimen para movimientos comerciales que deberían realizarse por otros canales.

El Código Aduanero contempla un régimen especial para los habitantes de zonas fronterizas, pero también establece que ese mecanismo no debe utilizarse con fines comerciales o industriales. Esta distinción constituye uno de los puntos centrales de la controversia entre el organismo recaudador y los sectores que cuestionan el alcance de las nuevas restricciones.

El planteo judicial sostiene que la aplicación de la resolución produce consecuencias que exceden el ámbito estrictamente aduanero. Sus impulsores argumentan que las restricciones afectan actividades comerciales desarrolladas históricamente en Aguas Blancas y Salvador Mazza y comprometen el sustento de numerosas familias.

Entre los fundamentos de la acción se invocan derechos vinculados con el trabajo, el ejercicio de actividades económicas y la autonomía municipal, además de las disposiciones del Código Aduanero que regulan el tráfico fronterizo.

El cuestionamiento apunta especialmente a la falta de adecuación de las nuevas reglas a las particularidades de las localidades limítrofes, donde el movimiento de compradores y mercaderías forma parte de una dinámica económica diferente de la que se registra en otras regiones del país.

Desde esa perspectiva, la presentación plantea que las restricciones podrían provocar una disminución de las ventas, dificultades para sostener los establecimientos comerciales y una reducción de las oportunidades laborales.

El amparo también pone en discusión la proporcionalidad de las medidas adoptadas, al considerar que los objetivos de control aduanero deben compatibilizarse con la realidad social y económica de las comunidades fronterizas.

Uno de los puntos principales de la presentación es el pedido de una medida cautelar de no innovar con efecto suspensivo.

A través de ese mecanismo, los demandantes pretenden que la Justicia suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución General 5910/2026 y restablezca las condiciones anteriores del régimen, hasta que exista una decisión sobre el planteo de fondo.

El argumento central es que la continuidad de las restricciones podría ocasionar perjuicios económicos y laborales difíciles de revertir, incluso en el supuesto de que posteriormente se dictara una sentencia favorable. La solicitud cautelar no implica que la resolución haya quedado suspendida. Para ello es necesaria una decisión judicial expresa.

Las advertencias sobre las consecuencias de las restricciones comenzaron apenas se conocieron las disposiciones nacionales. El 10 de octubre, El Tribuno informó sobre el rechazo a las nuevas medidas en Aguas Blancas y Salvador Mazza. Comerciantes y autoridades locales cuestionaron que las limitaciones se aplicaran sin contemplar las particularidades de las economías fronterizas.

Las primeras reacciones estuvieron vinculadas principalmente con la imposibilidad de trasladar determinados productos y con las dificultades que enfrentarían los negocios dedicados a abastecer a compradores bolivianos.

El reclamo también incluyó pedidos de flexibilización para permitir la salida de mercaderías adquiridas antes de la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones. En Salvador Mazza, los comerciantes advirtieron que podían encontrarse con productos almacenados que ya no podrían trasladarse bajo el mecanismo utilizado hasta entonces.

El 12 de octubre, El Tribuno profundizó en las contradicciones de las medidas aduaneras y recogió las advertencias del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. El funcionario cuestionó que las restricciones argentinas se sumaran a las limitaciones que ya imponía Bolivia a sus ciudadanos para adquirir productos del otro lado de la frontera.

Uno de los principales interrogantes planteados por Zigarán fue si las medidas permitirían combatir efectivamente el contrabando o si, por el contrario, terminarían desplazando parte de las operaciones hacia circuitos clandestinos.

Según su análisis, dificultar el comercio formal sin ofrecer alternativas accesibles podría incentivar el uso de pasos no habilitados, donde las autoridades tienen menores posibilidades de fiscalizar el movimiento de mercaderías.

También advirtió que una eventual caída de la actividad formal podría perjudicar la recaudación provincial y municipal. El planteo no cuestiona la necesidad de combatir el contrabando, sino la posibilidad de que las nuevas disposiciones terminen afectando a quienes realizan operaciones dentro de los circuitos habilitados.

La preocupación alcanzó una nueva dimensión el 15 de octubre, cuando representantes de cámaras comerciales de distintas localidades salteñas se reunieron para analizar el impacto de las restricciones y coordinar una respuesta conjunta.

Del encuentro participaron el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera; el presidente de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz; el empresario de Salvador Mazza Juan José Crausaz y la presidenta de la Cámara de Comercio de Aguas Blancas, Lucila Vela. También estuvieron presentes representantes empresariales de Orán, Tartagal y Anta.

Durante la reunión se acordó avanzar con un petitorio dirigido a las autoridades nacionales para expresar las dificultades que atravesaba el sector y solicitar una revisión de las medidas.

Hryniewicz planteó la necesidad de diferenciar las actividades comerciales legítimas de las organizaciones que financian y sostienen circuitos ilegales.

Los representantes empresariales coincidieron en que el combate al contrabando debe acompañarse de herramientas que permitan sostener el comercio formal, especialmente en localidades donde una parte importante de la economía depende de las operaciones transfronterizas.

La preocupación principal estuvo vinculada con la posibilidad de que la reducción del intercambio comercial provoque nuevos cierres de negocios y pérdida de puestos de trabajo.

Aguas Blancas y Salvador Mazza mantienen una relación económica cotidiana con las ciudades bolivianas de Bermejo y Yacuiba, respectivamente.

En ambas zonas, el intercambio de alimentos, productos de consumo y otras mercaderías sostiene una extensa red de comercios, transportistas, trabajadores y prestadores de servicios.

Las diferencias cambiarias, los precios relativos y las regulaciones de ambos países influyen directamente en el movimiento comercial. Por eso, cualquier modificación en las condiciones de ingreso o salida de mercaderías puede tener consecuencias sobre las ventas y el empleo.

Los comerciantes de Aguas Blancas ya habían advertido que las restricciones bolivianas dificultaban la llegada de compradores a sus negocios. La presidenta de la cámara local, Lucila Vela, expresó su preocupación por la posibilidad de que las nuevas disposiciones argentinas agregaran otro obstáculo a una actividad que venía registrando dificultades.

En Salvador Mazza, los reclamos estuvieron particularmente vinculados con las limitaciones para trasladar mercaderías destinadas al mercado boliviano y con la necesidad de encontrar mecanismos de exportación que permitan mantener las operaciones dentro de la legalidad.

Fuente: El Tribuno