Oposición pide al TSE aplicar la Ley 1096 y cancelar la personería del MAS, tras la denuncia de Cuéllar

El documento que presentó Cuéllar. El MAS dice que es falso.

Luego de que el diputado oficialista Rolando Cuéllar reveló una carta en que supuestamente el MAS agradece aportes económicos de un “narco”, desde la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) solicitaron públicamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que aplique la Ley de Organizaciones Políticas (1096) y cancele la personería jurídica del MAS.

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, dijo el diputado de CC, Marcelo Pedrazas, quien indicó que los artículos 58 y 71 de la Ley 1096 marcan la figura legal para cancelar la personalidad jurídica del MAS.

Según el artículo 58 de dicha norma, una de las causales para cancelar la personalidad jurídica de un partido es vulnerar las restricciones referidas al financiamiento, mientras que en el artículo 71 se establece que una organización política no puede recibir aportes financieros de origen ilícito.

De acuerdo con la denuncia del diputado Cuéllar, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, agradeció por escrito en 2017 a un narcotraficante por aportes económicos que habría realizado desde la campaña de 2014. EL ‘narco’ fue detenido en 2019 y entregado a su país de origen, Argentina.

Pedrazas explicó que el narcotráfico es una actividad ilícita y, por lo tanto, que haya financiado a un partido político vulnera la Ley 1096 y corresponde la cancelación de la personalidad jurídica del MAS.

El diputado también de CC, Jairo Guiteras, manifestó que el TSE debe actuar de oficio, pero en todo caso está alistando una denuncia para presentar ante el Órgano Electoral.

Dijo que el TSE debe investigar el financiamiento del MAS y analizar la posibilidad de retirar su personería jurídica, puesto que con la versión de Cuéllar se reconoce abiertamente que se financió por el narcotráfico.

MAS niega

Mediante un comunicado, la Dirección política del MAS calificó de falsa la carta presentada por Cuéllar. Además se reservó el derecho de iniciar acciones contra el diputado oficialista.  

Fuente: ERBOL